El diario El Mundo publica hoy un interesante artículo sobre las ciudades españolas y el sistema aeroportuario en el que se pone claramente de manifiesto el desequilibrio territorial y económico que ello representa. No tiene desperdicio.
Recibo el boletín electrónico de Red.es en el que se informa de la presentación con la FEMP del Portal de Archivos de la Administración Local. Gran noticia. A pié de página, el boletín invita a ver más información en www.red.es y www.femp.es. Entro expectante y no encuentro nada. Me voy a Google y tampoco, salvo la réplica de una nota de prensa sobre el tema. Pero no hay manera de encontrar el portal. Si alguien lo localiza le ruego me lo diga.
Como era fácilmente de esperar, el primer follón de la Ley de Dependencia ha sido la constitución del Consejo nacional, el órgano que teóricamente debe decir las políticas a seguir en la materia. La Ley se aprobó por unanimidad, pero a mí eso siempre me pareció algo políticamente correcto, o sea, nada. La Ley es importante, sin duda, pero su desarrollo va a ser una carrera de obstáculos porque el procedimiento de toma de decisiones está viciado desde el principio.
Si, dónde está. Yo no lo sé, y mira que le sigo la pista. El 27 de octubre de 2005, el Ministro Sevilla anunció en el Senado que estaría aprobada por el Consejo de Ministros para ¡finales de ese año! Ha llovido, eh? (Bueno, esto se decía antes). Pero lo cierto es que desde entonces declaraciones, muchas, pero Proyecto poco. Yo me malicio que después de los Estatutos de Autonomía aprobados y los que están en curso el Ministro no sabe qué hacer con el borrador que tiene entre manos. No es que sea gran cosa -el borrador-, pero si es que uno se lo lee y lo contrasta con los susodichos Estatutos es que no se entiende nada de nada. De momento, la futura ley (?) no va a poder ser una norma básica porque las Comunidades están legislando a su manera y de verdad es que es todo un reto casar los nuevos Estatutos en esta materia. Yo me los he leído todos y no salgo de mi asombro. Vamos hacia 17 modelos de régimen local. Sevilla llega tarde. O sea, mal. ¿Y qué dice la FEMP..?
Ayer, Hillary Clinton anunció su decisión de presentarse a la primarias para la presidencia de los Estados Unidos. Hasta aquí correcto, porque, además, era una noticia esperada. Lo singular es que lo ha hecho colgando un video en su página web (www.hillaryclinton.com ). No convocando una gran rueda de prensa ni organizando un acto a la americana sino, simplemente, haciéndolo a través de su sitio en Internet. Naturalmente, consiguió dar a su página una extraordinaria relevancia política y mediática y, quizás, significar la importancia que Internet va a tener en su campaña.
Esto es lo que viene. Tardará más o menos, pero es lo que viene. Los políticos que entiendan Internet van a tener una clara ventaja sobre los que no.
Casi el mismo día, leo dos noticias:
La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) acaba de publicar un estudio de análisis económico regional y sobre la convergencia española con Europa. Hasta ahí, correcto. Lo que me parece mal es que las conclusiones -tal y como han sido publicadas en los medios de comunicación- se presentan segmentadas por provincias, de donde salen los típicos rankings de provincias pobres y ricas, las que crecen y las que no, las que convergen, etc.
A mí esto me parece una falacia. Presentar la realidad económica española por provincias y no por comunidades autónomas es trasladar una imagen distorsionada de la realidad política y económica española, porque desde hace casi treinta años la responsabilidad del nivel de esos indicadores es de las comunidades. ¡Pobres provincias, perdidas en el limbo institucional, sin competencias, siempre discutidas! Pero casi todos se acuerdan de ellas para hacer la foto de una realidad que no está en su mano cambiar. El problema es que nos creemos nuestras propias mentiras. La Constitución española reconoce a las provincias como un ámbito territorial con personalidad jurídica propia, al igual que el Estado, las Comunidades y los Ayuntamientos, pero nadie se ha tomado la molestia desde entonces de definir un estatuto político y jurídico acorde a ese nivel. Comenzaron siendo -en los Estatutos de Autonomía de los ochenta- la Administración descentralizada de las Comunidades y han terminado como un cuerpo extraño en nuestra organización institucional. Véanse, si no, los nuevos Estatutos. Y, sin embargo, se las presenta como las responsables del bienestar de sus ciudadanos.
En su último libro ("Vida líquida", un análisis de la forma de vida contemporánea), Zygmunt Bauman dedica unas breves pero intensas páginas al modelo de ciudad en que vivimos desde la perspectiva de la seguridad. Cree el autor que la ciudad, que en su origen fué refugio, seguridad, es hoy el escenario de miedos e inseguridad. "Las fuentes de peligro se han trasladado hoy al corazón mismo de la ciudad", como consecuencia del crecimiento desorbitado de los entornos urbanos, la pobreza y la despersonalización de las relaciones humanas. Bauman pone el ejemplo de la manera encapsulada en que hoy se construyen urbanizaciones, a modo de búnkeres contra el miedo, como el ejemplo más gráfico de una forma de dualidad que nace del miedo. Hace poco leí una noticia que relataba el acuerdo de la patronal de la construcción alemana con la Policía para que ésta asesorara a las empresas sobre la manera de diseñar viviendas más seguras. ¿Quién no tiene hoy alarma en su casa? El problema es que las raíces son profundas, el mal está fuertemente anidado en la manera en que las ciudades crecen.
El diario El Mundo publicó ayer un estudio en el que el 53 % de los encuestados cree que hay corrupción en la ciudad en que vive. Por otra parte, el 70 % afirma que esta lacra ha aumentado en los últimos años y que afecta por igual a todos los partidos. Yo no discuto que haya corrupción municipal y que ésta haya podido alcanzar los niveles de esta encuesta o de cualquier otra, pero la primera reflexión que hay que hacer es la siguiente: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los poderes del Estado en esta materia? Porque si nos referimos a la madre de todas las corrupciones, Marbella, como motor mediático de este fenómeno, lo asombroso es que ni el Gobierno, ni la Junta de Andalucía, ni la Fiscalía ni el Poder Judicial supieron reaccionar cuando el caso daba ya -hace años- toda clase de señales. El auténtico expolio producido en Marbella sólo sido ha posible gracias a una sensación de impunidad de la que, por supuesto, los únicos responsables son sus autores pero de la que alguien más debería dar alguna explicación. ¿No ha podido esa sensación de impunidad crear un caldo de cultivo en otros municipios? ¿No tiene el Estado instrumentos suficientes para atajar con rapidez este tipo de situaciones? Yo no creo que sea una tema de endurecimiento de penas, que siempre serán pocas en todo caso. Lo que creo es que todo responsable público debe tener la sensación de que el Estado va a ser implacable con la corrupción. Y no por razones de oportunidad política, sino como resultado del principio de legalidad.
Estos días en que el INE y las Entidades locales discuten las cifras sobre la población de derecho existente en España, vienen a mi memoria las largas reuniones del Consejo de Empadronamiento cuando yo era miembro del mismo, más o menos del 98 a 2003. Y sigo aún recordando con asombro la manera en que se tomaban decisiones sobre un aspecto como éste, clave en muchos aspectos de la vida municipal. Recuerdo que llegó a haber una diferencia de criterio de en torno a los dos millones de registros, aunque se consiguió reducir con no poco esfuerzo y presión a unos doscientos mil en varios años. El problema era -y me da la sensación que sigue siendo- que el INE elabora sus propios datos, frente a los que cualquier reclamación municipal se convierte en un laberinto procedimental muy difícil de superar. Para el INE, cuaquier cifra que no concuerde con las suyas es siempre sospechosa de intereses municipales no confesables. Y así, siempre habrá problemas. Lo cual resulta asombroso con los medios tecnológicos actuales. Si el INE funcionara como la Agencia Tributaria...
Ahora que que se celebra la Conferencia de Presidentes -del Gobierno y de las Comunidades y Ciudades Autónomas-, conviene recordar que el anteproyecto de Ley del Gobierno Local recoge una fórmula parecida, la Conferencia General sobre Política Local. Un órgano éste que tardará en ser una realidad pero que nace con la idea de ser el gran foro político anual sobre el sector. El problema es que así como en la de Presidentes no hay representación municipal -ni tiene por qué haberla-, en la de Política Local sí estarán representadas las Comunidades Autónomas, lo que no garantiza una interlocución directa entre el Gobierno y las Entidades locales sobre los temas que ambos, y en exclusiva, deben debatir.
En plena ola de denuncias sobre posibles casos de corrupción municipal, resulta más que gratificante saber que también hay alcaldes inocentes. Dos recientes sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la alcaldesa de Tres Cantos, María de la Poza, y a varios concejales del Consistorio, así como al ex-alcalde de Galapagar, Manuel Cabrera, de varias -y graves- acusaciones. Como es sabido, las buenas noticias no ocupan titulares de portada. No conozco de nada a estas personas, pero me alegro de su absolución tanto en lo personal como en lo institucional.
Según el Barómetro de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, los servicios municipales más valorados por los madrileños son el SAMUR y los bomberos. No me extraña porque, con ellos, el Ayuntamiento ha alcanzado un alto estándar de gestión. El modelo del SAMUR, además, representa un concepto de administración avanzada que se ha venido replicando en muchas otras ciudades y representa ya hoy un servicio municipal básico para los ciudadanos.
En un interesante artículo publicado el 6 de enero en El País ("Homo urbanus, ¿celebración o lamento?"), Jeremy Rifkin plantea una aguda reflexión sobre el futuro de las ciudades en la nueva era de la superurbanización mundial. El punto de partida, la masiva concentración humana en ciudades, no es nuevo pero el autor nos sitúa ante la cuestión clave de este fenómeno: la insostenibilidad del modelo desde el punto de vista medioambiental y energético. 2007 es un año clave para el debate porque por primera vez en la Historia la mayoría de los seres humanos viviremos en zonas urbanas, el punto de inflexión de un proceso que anuncia grandes males si no tomamos consciencia de la repercusiones de todo tipo que este hito está produciendo y producirá en el futuro. Un futuro, por otra parte, cercano, porque Rifkin sitúa en 2100 el colapso del modelo en términos de insostenibilidad. Un serio aviso hecho no desde una visión personal sino sobre el análisis de datos que son de dominio público.
(Una pena que El País no ofrezca el artículo en abierto. Sólo está disponble para suscriptores en su versión digital, por eso no puedo enlazarlo).
Buena pregunta, difícil respuesta. En buena medida, este blog surge de la sorprendente comprobación de la falta de materiales sobre este tema. No es fácil, como veremos, encontrar fuentes, planteamientos que nos permitan formar una idea clara sobre qué sea el municipalismo.
Para empezar, el Diccionario de la Real Academia no lo incorporó a su índice hasta la 21ª edición, ¡de 2001! Sí, sólo hasta llegado el siglo 21 no mereció un lugar en sus páginas pero la verdad es que nuestros doctos académicos se podían haber ahorrado el trabajo porque a estas alturas definir el municipalismo, como lo hacen, como expresión de la realidad municipal y/o doctrina que la estudia me parece más una faena de aliño que la comprensión cabal de lo que hoy ya representa.
Tan generosa con otros ismos, la Academia, además de necesitar un siglo para darnos una pista, no ha podido ser más cicatera con nuestro pobre municipalismo. Porque a mí me parece que, en efecto, el municipalismo puede ser la expresión de la realidad municipal y desde luego la doctrina que la estudia, pero también creo que es mucho más que eso.
(Continuará).
Barcelona Activa (BA), la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona, acaba de presentar el balance de sus primeros veinte años de andadura. Las cifras son impresionantes y pueden consultarse con detalle en su web (www.barcelonactiva.es). La experiencia de BA, como de otras agencias locales, pone de manifiesto la capacidad local para generar riqueza mediante el apoyo al emprendedor y la gestión del empleo. Alguien debería sacar conclusiones sobre el poderoso instrumento de apoyo al crecimiento económico que es hoy el sector local.
Hacía años que no veía una fórmula tan inutilmente rebuscada como la manera en que las Entidades locales han quedado "integradas" en el Consejo Territorial del Sistema de la Ley de Dependencia. La primera intención estuvo clara, porque ni en el anteproyecto ni en el proyecto de ley se les daba la menor participación y, visto lo visto, hubiera sido mejor dejarlo así. La fórmula final (artículo 12) es que las Entidades locales participarán en el mismo de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga. Es decir, que han de superar una doble barrera: la primera, la de sus respectivas Comunidades, que pueden sencillamente impedir su presencia, y la segunda la del propio Consejo, que puede limitarles reglamentariamente la representatividad (voz y voto). Es la primera vez que en un órgano del Estado puede darse una representación fragmentada del municipalismo y, desde luego, el modelo augura conflictos toda vez que el artículo 1 de la Ley establece la necesaria colaboración y participación de todas las Administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de la misma. En buena lógica con este planteamiento -que no es sólo de pura legalidad sino de simple sentido común-, la FEMP presentó una alegación en su momento que ha terminado en la papelera.
Lo políticamente relevante de este planteamiento es que las Entidades locales son las principales -y mejores- gestoras de los servicios sociales en España, que buena parte de los previstos en la Ley ya los gestionan ellas y que, por último, la mayor parte de los creados ahora también van a recaer bajo su responsabilidad. Y, a pesar de todo esto, se las excluye del órgano decisor de esta política clave para el Estado del Bienestar. Un grave paso atrás que explica muchas cosas.Aunque en la marabunta de información de los últimos días ha pasado desapercibido, es de destacar que desde el pasado 1 de enero la Administración General del Estado ya no puede exigir fotocopia del DNI ni certificados de empadronamiento en ningún tipo de trámite. Una gran noticia que anticipa los avances que la futura Ley de Administración Electrónica promete. Más información en www.map.es y www.dnielectronico.es.
El programa de Cruz y Raya de la pasada Nochevieja me pareció lamentable. Por supuesto, nada que objetar al libre ejercicio de la opinión y la crítica sobre un asunto, el de la corrupción municipal, que nos afecta a todos. En este caso, toda denuncia es poca cuando está justificada. Pero la manera injusta y chusca en que en forma de parodia se descalificaba a todo un sector, el municipal, me parece que no es de recibo. He echado en falta alguna voz de protesta...
2007 va a ser un año clave para los Ayuntamientos españoles. Además de las importantes leyes que se van a aprobar (Gobierno Local, Suelo, Administración Electrónica y la reciente aprobada de Dependencia), es año electoral, de renovación de las federaciones de municipios y, sobre todo, de aprobación de los estatutos de autonomía que aún están en trámite, y con los que el municipalismo ya se ha jugado buena parte de su futuro.
Es éste, el final del mandato, momento para el balance pero también para las expectativas. El balance general, a mi juicio, es pobre si tenemos en cuenta los importantes objetivos (Libro Blanco, descentralización, nuevo modelo de financiación) que el Gobierno se fijó al principio de la Legislatura. Las expectativas, además, no son demasiado halagüeñas. Vienen tiempos difíciles para la gestión local a pesar de su inmenso potencial transformador. De todo ello iremos hablando en este blog.