Rankings

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) acaba de publicar un estudio de análisis económico regional y sobre la convergencia española con Europa. Hasta ahí, correcto. Lo que me parece mal es que las conclusiones -tal y como han sido publicadas en los medios de comunicación- se presentan segmentadas por provincias, de donde salen los típicos rankings de provincias pobres y ricas, las que crecen y las que no, las que convergen, etc.

A mí esto me parece una falacia. Presentar la realidad económica española por provincias y no por comunidades autónomas es trasladar una imagen distorsionada de la realidad política y económica española, porque desde hace casi treinta años la responsabilidad del nivel de esos indicadores es de las comunidades. ¡Pobres provincias, perdidas en el limbo institucional, sin competencias, siempre discutidas! Pero casi todos se acuerdan de ellas para hacer la foto de una realidad que no está en su mano cambiar. El problema es que nos creemos nuestras propias mentiras. La Constitución española reconoce a las provincias como un ámbito territorial con personalidad jurídica propia, al igual que el Estado, las Comunidades y los Ayuntamientos, pero nadie se ha tomado la molestia desde entonces de definir un estatuto político y jurídico acorde a ese nivel. Comenzaron siendo -en los Estatutos de Autonomía de los ochenta- la Administración descentralizada de las Comunidades y han terminado como un cuerpo extraño en nuestra organización institucional. Véanse, si no, los nuevos Estatutos. Y, sin embargo, se las presenta como las responsables del bienestar de sus ciudadanos.